PREÁMBULO

El Gobierno del Estado de San Andreas, en ejercicio de las competencias que le confiere el Estatuto de San Andreas y la Constitución de los Estados Unidos de América, tiene el honor de comunicar a todos los ciudadanos, instituciones públicas y privadas, operadores jurídicos, fuerzas de seguridad y organismos del Estado la aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 2023/8041 - Ley de Enjuiciamiento Criminal del Estado de San Andreas (LECSA), norma de rango legal que regulará a partir del 10 de noviembre de 2025 la totalidad de los procedimientos criminales en nuestro territorio.

Esta histórica legislación constituye la reforma procesal penal más ambiciosa y profunda en la historia moderna de San Andreas, fruto de más de dos años de trabajo técnico, consultas con expertos jurídicos nacionales e internacionales, diálogos con las fuerzas de seguridad, audiencias públicas con organizaciones civiles y un exhaustivo análisis comparado de los sistemas procesales más avanzados del mundo.

DECLARACIONES DEL GOBERNADOR JOHN HARRISON

El Gobernador del Estado de San Andreas, John Harrison, en declaraciones realizadas esta mañana desde el Capitolio Estatal, ha manifestado:

"Hoy es un día histórico para San Andreas. Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, nuestro Estado da un salto cualitativo hacia la modernidad judicial, la eficiencia procesal y, sobre todo, hacia una justicia más humana, más cercana y más democrática. Esta ley no es solo un texto normativo: es un compromiso solemne con cada ciudadano de que su derecho a un juicio justo, rápido y transparente será una realidad tangible, no una promesa vacía."

El Gobernador Harrison ha subrayado el carácter garantista de la nueva normativa:

"Hemos trabajado incansablemente para encontrar el equilibrio perfecto entre eficacia policial y protección de derechos fundamentales. Esta ley permite que nuestras fuerzas de seguridad actúen con rapidez y contundencia contra la delincuencia, pero siempre, absolutamente siempre, dentro del más estricto respeto a la dignidad humana, la presunción de inocencia y el debido proceso. No habrá atajos que comprometan la justicia."

Respecto a la incorporación del jurado popular, el Gobernador ha expresado:

"La justicia no puede ser patrimonio exclusivo de jueces y abogados. En una democracia madura, el pueblo debe tener voz directa en las decisiones más trascendentales. El jurado popular que hoy instauramos devuelve a los ciudadanos el poder de juzgar a sus pares en los casos más graves. Es la democracia entrando por la puerta principal en nuestros tribunales."

Sobre las víctimas del delito, Harrison ha señalado:

"Durante demasiado tiempo, las víctimas han sido las grandes olvidadas del proceso penal. Esta ley cambia radicalmente ese paradigma. Ahora tendrán voz, tendrán protección, tendrán reparación. Ya no serán espectadoras pasivas, sino protagonistas activas de la justicia que merecen."

Finalmente, el Gobernador Harrison ha hecho un llamamiento a toda la sociedad:

"Invito a cada ciudadano de San Andreas a conocer sus nuevos derechos y obligaciones bajo esta ley. A los operadores jurídicos, a prepararse para un sistema más ágil y exigente. A las fuerzas de seguridad, a ejercer sus nuevas facultades con responsabilidad y profesionalismo. Y a las víctimas del delito, a confiar en que ahora tendrán una voz más fuerte y una protección más real. Esta es la ley de todos y para todos."

FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS RECTORES

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal de San Andreas se asienta sobre cinco pilares fundamentales:

1. GARANTISMO PROCESAL: Respeto absoluto a los derechos fundamentales, presunción de inocencia y debido proceso.

2. EFICIENCIA Y AGILIDAD: Mecanismos procesales modernos que permiten resolver casos con mayor rapidez sin sacrificar garantías.

3. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: Institución del jurado popular para devolver a la ciudadanía el protagonismo en la justicia.

4. PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS: Las víctimas dejan de ser sujetos pasivos para convertirse en protagonistas con derechos reforzados.

5. RESPONSABILIDAD Y CONTROL: Mecanismos de control judicial sobre todas las actuaciones de las fuerzas de seguridad.

PRINCIPALES NOVEDADES LEGISLATIVAS

I. PARTICIPACIÓN CRIMINAL Y COMPLICIDAD (TÍTULO II)

Una de las innovaciones técnicas más relevantes es la regulación completa del régimen de complicidad. La ley establece que, ante la inexistencia de un delito específico de complicidad para una conducta determinada, se aplicará al cómplice la misma tipificación penal que corresponda al autor principal del delito, pudiendo el juez valorar atenuantes según las circunstancias de la participación.

Factores de atenuación considerables:

• El grado de participación en el delito
• La importancia de su contribución
• Si actuó bajo coacción o error
• Cualquier otra circunstancia atenuante reconocida en el Código Penal

Esta regulación cierra un vacío histórico en nuestra legislación procesal y dota de herramientas claras a fiscales y jueces para sancionar adecuadamente todas las formas de participación criminal, incluyendo el encubrimiento posterior.

II. PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN DELITO FLAGRANTE (TÍTULO III)

Esta es, sin duda, una de las novedades más significativas y debatidas de la nueva ley. Por primera vez en San Andreas, los miembros de las San Andreas State Forces y sus departamentos (LSPD, LSSD) están expresamente facultados para imponer multas y penas de prisión de forma directa cuando el delito haya sido cometido en flagrancia.

Definición rigurosa de flagrancia:

• El autor es sorprendido en el acto de cometer el delito
• El autor huye inmediatamente y no se detiene cuando es requerido
• El autor es encontrado inmediatamente con objetos que demuestren su participación

Requisitos acumulativos para sancionar directamente:

• Constatación directa e indubitable por el agente
• Existencia de pruebas materiales suficientes (bodycam, testigos, objetos incautados)
• Procesamiento inmediato tras la detención
• Respeto absoluto de todos los derechos del detenido
• Registro completo en sistema policial con documentación probatoria

Límites absolutos - Delitos que requieren obligatoriamente proceso judicial:

• Terrorismo
• Homicidio y asesinato
• Delitos sexuales
• Delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios
• Cualquier delito con pena máxima superior a 60 meses
• Casos con controversia significativa sobre los hechos o la autoría

El Gobernador Harrison ha sido enfático: "El procedimiento abreviado es una herramienta de eficiencia, no una licencia para el abuso. Por eso establecemos límites clarísimos y un sistema de recursos que garantiza el control judicial en todos los casos."

III. RECURSO CONTRA SANCIONES EN FLAGRANCIA (TÍTULO IV)

Toda sanción impuesta mediante procedimiento abreviado es recurrible ante la autoridad judicial competente. El condenado dispone de 7 días hábiles para impugnar la decisión ante el San Andreas Superior Court.

El juez competente resolverá en un plazo máximo de 15 días hábiles, pudiendo:

• Confirmar íntegramente la sanción impuesta
• Reducir la pena aplicando atenuantes no consideradas
• Anular la sanción por vulneración de derechos o falta de pruebas
• Ordenar un nuevo proceso judicial completo si existen dudas razonables

Si la sanción fuera anulada:

• Inmediata puesta en libertad del condenado
• Anulación de antecedentes penales derivados
• Restitución de multas económicas abonadas
• Posible procedimiento disciplinario contra agentes si se constata mala praxis

IV. RESPONSABILIDAD POR PROPIEDAD (TÍTULO V)

Este título introduce un cambio de paradigma en la responsabilidad derivada del uso de propiedades en actividades delictivas. Toda persona es responsable civilmente y, en su caso, penalmente de sus propiedades y de los actos ilícitos que se cometan con ellas o en ellas.

Responsabilidad por vehículos:

El propietario será responsable de las infracciones y delitos cometidos con su vehículo, salvo que demuestre:

• Denuncia previa por robo o sustracción
• Cesión legal del uso a tercero identificable
• Situación acreditada que imposibilitara su uso (taller, depósito, etc.)

Responsabilidad por bienes inmuebles:

El propietario será responsable de delitos cometidos en su interior cuando tenga conocimiento de actividades ilícitas y no las denuncie, facilite conscientemente el inmueble para actividades delictivas, u obtenga beneficio económico de dichas actividades.

Denuncia Liberatoria - Mecanismo de exoneración:

Para quedar eximido de responsabilidad, el propietario deberá denunciar ante las autoridades competentes cualquier situación que pueda implicar el uso ilícito de su propiedad ANTES de que las autoridades inicien investigación o procedan a imputarle responsabilidades.

La denuncia debe presentarse ante cualquier comisaría del LSPD o LSSD, la Fiscalía del Estado, o a través de los canales oficiales habilitados por el SASF, incluyendo descripción detallada de la propiedad, circunstancias del robo o uso no autorizado, y fecha aproximada de los hechos.

No tendrá efectos liberatorios la denuncia presentada después de la detención del propietario, después de la localización del bien por las autoridades en contexto delictivo, o cuando existan indicios de que la denuncia es falsa o fraudulenta.

V. MEDIDAS CAUTELARES (TÍTULO VI)

El Gobernador Harrison ha señalado: "Las medidas cautelares son instrumentos necesarios, pero su uso debe ser excepcional, motivado y proporcional. La libertad es la regla; la privación de libertad, la excepción que debe justificarse rigurosamente."

Detención preventiva policial: Máximo 48 horas sin puesta a disposición judicial.

Prisión preventiva judicial: Solo cuando concurran indicios racionales de delito doloso con pena superior a 24 meses Y al menos uno de estos motivos:

• Riesgo de fuga
• Riesgo de destrucción de pruebas
• Riesgo de reiteración delictiva
• Alteración grave del orden público

Duración máxima de la prisión preventiva:

• Delitos leves: 4 meses
• Delitos graves: 6 meses
• Delitos muy graves: 12 meses, prorrogable excepcionalmente

Libertad provisional con medidas: Cuando no concurran requisitos de prisión preventiva, el juez puede acordar libertad con condiciones como prohibición de salida del Estado, comparecencias periódicas, prohibición de aproximación a víctimas, retirada de licencias, obligación de residencia, o fianza económica proporcional.

Registros y cacheos: En caso de delito flagrante, se pueden realizar registros inmediatos sin orden judicial, con constancia documental completa mediante bodycam. Los registros domiciliarios fuera de flagrancia requieren orden judicial motivada.

VI. ÓRDENES JUDICIALES (TÍTULO VII)

La ley desarrolla exhaustivamente el régimen de las órdenes judiciales, estableciendo un catálogo cerrado de actuaciones autorizables y requisitos específicos para cada una.

Tipos de órdenes autorizables:

• Orden de detención
• Orden de registro domiciliario
• Orden de intervención de comunicaciones
• Orden de entrada y registro vehicular
• Orden de intervención de cuentas bancarias
• Orden de vigilancia electrónica
• Orden de acceso a datos informáticos

Órdenes absolutamente prohibidas:

• Tortura o tratos inhumanos o degradantes
• Detenciones sin causa legal o arbitrarias
• Registros masivos o generales sin individualización
• Vigilancia masiva de comunicaciones sin sospecha concreta
• Cualquier medida que vulnere la dignidad humana

Todas las órdenes deben contener identificación del juez emisor, fecha y hora, identificación precisa de persona o lugar afectado, delito investigado, fundamentos jurídicos, y firma y sello judicial.

VII. EL JURADO POPULAR (TÍTULO VIII - ARTÍCULOS 38-42)

El Gobernador Harrison ha calificado esta institución como "la joya de la corona de esta reforma, el instrumento que devuelve la justicia a sus verdaderos dueños: el pueblo".

Composición: 5 jurados titulares + 2 suplentes, seleccionados aleatoriamente del censo electoral.

Requisitos para ser jurado:

• Nacionalidad estadounidense y residencia en San Andreas
• Mayor de 21 años
• Pleno ejercicio de derechos políticos
• Saber leer y escribir
• No tener antecedentes penales por delitos dolosos
• No estar inhabilitado para cargo público

Delitos enjuiciables ante jurado popular:

• Homicidio y asesinato (salvo terrorismo)
• Secuestro y detención ilegal
• Incendio provocado con víctimas
• Delitos contra la libertad sexual especialmente graves
• Cohecho y malversación de funcionarios públicos
• Otros delitos que determine la ley por su gravedad

Exclusiones: Terrorismo (competencia del Tribunal Supremo), delitos económicos complejos, delitos militares, y delitos cometidos por menores.

Función del jurado: Decide exclusivamente sobre los hechos (si constituyen delito, si el acusado es culpable o inocente, y circunstancias agravantes o atenuantes). El Juez Presidente dirige el juicio, resuelve cuestiones jurídicas, instruye al jurado sobre el derecho aplicable, y aplica la pena según el veredicto.

Veredicto: Requiere mayoría cualificada de 3 de 5 votos para culpabilidad. Si no se alcanza mayoría para culpabilidad, se declara inocente (in dubio pro reo). El veredicto debe ser motivado, es público, y es vinculante para el juez.

VIII. FACULTADES DEL JUEZ DURANTE EL JUICIO (TÍTULO VIII - ARTÍCULO 43)

La ley detalla exhaustivamente las facultades del juez como director del proceso, incluyendo:

Facultades de dirección y orden: Abrir y clausurar sesiones, ordenar la sala, mantener el decoro, expulsar a quien perturbe el orden, suspender o aplazar el juicio, y moderar interrogatorios.

Facultades sobre las partes: Amonestar por conductas inadecuadas, imponer multas por desacato, ordenar expulsión de abogados que falten gravemente al respeto, y mantener el orden sobre el acusado.

Facultades probatorias: Admitir o inadmitir pruebas, ordenar pruebas de oficio cuando sea imprescindible, interrogar directamente a testigos para aclarar contradicciones, solicitar informes periciales adicionales, y ordenar inspecciones o reconstrucciones.

Facultades de protección: Ordenar protección de testigos amenazados, acordar sesiones a puerta cerrada cuando afecte a menores o intimidad, prohibir grabación o difusión de imágenes, y adoptar medidas cautelares sobre el acusado.

Prohibiciones del juez: No puede mostrar parcialidad, prejuzgar el caso, impedir el derecho de defensa, negar pruebas pertinentes sin motivación, influir en el veredicto del jurado, o mantener comunicaciones privadas con una parte sin conocimiento de la otra.

IX. DERECHOS DE LA VÍCTIMA Y EL OFENDIDO (TÍTULO IX)

La víctima del delito y el ofendido tendrán derecho a constituirse como parte acusadora en el proceso penal, a proponer pruebas y a recibir notificación de todas las resoluciones que les afecten. Se les garantiza el derecho a impugnar el sobreseimiento o la sentencia que consideren lesiva.

Protección específica:

• Asistencia legal y psicológica gratuita
• Medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con el investigado
• Acceso a programas de reparación y compensación

La ley también regula al Tercero Civilmente Responsable, es decir, la persona o entidad que, sin ser autor o cómplice del delito, debe responder económicamente por el daño causado.

X. NEGOCIACIÓN DE PENAS Y JUSTICIA RESTAURATIVA (TÍTULO X)

Conformidad y negociación: El acusado y la Fiscalía podrán alcanzar un acuerdo de conformidad en cualquier momento antes de la apertura del juicio oral. El acuerdo implicará la declaración de culpabilidad a cambio de una reducción de la pena. Una vez aprobado por el juez, tendrá valor de sentencia firme.

Medidas de cese de la persecución: En delitos cuya pena máxima no exceda los 24 meses de prisión, la Fiscalía podrá proponer medidas que eviten el juicio si el investigado se compromete a la reparación integral del daño, se alcanza un acuerdo de conciliación con la víctima, o acepta cumplir condiciones específicas (trabajos comunitarios, cursos reeducativos, etc.).

La reparación del daño o el cumplimiento de las condiciones conllevará el sobreseimiento definitivo de la causa. No se aplicará en delitos graves o cuando el investigado tenga antecedentes por delitos dolosos.

XI. REGLAS DE EXCLUSIÓN PROBATORIA (TÍTULO XI)

Se considera prueba ilícita aquella obtenida con violación directa de derechos fundamentales o garantías procesales. La prueba ilícita será declarada nula y no podrá ser utilizada en juicio.

Regla del Fruto del Árbol Envenenado: Serán igualmente nulas las pruebas que, aunque obtenidas lícitamente en apariencia, sean derivación directa de una prueba ilícita previa, salvo que se demuestre fuente independiente o descubrimiento inevitable.

Anticipo Jurisdiccional de Prueba: Cuando exista riesgo fundado de que una prueba esencial e irrepetible no pueda practicarse en el juicio oral, el juez podrá autorizar su práctica anticipada con presencia del juez, la Fiscalía y el investigado asistido de su defensa, garantizándose el principio de contradicción.

XII. RESERVA Y SECRETO DE LAS ACTUACIONES (TÍTULO XII)

La fase de investigación será reservada para terceros ajenos al proceso. Excepcionalmente, el Fiscal o el Juez podrán decretar el secreto de las actuaciones por un plazo máximo de 60 días, prorrogable por igual plazo por una sola vez, cuando sea necesario para evitar la destrucción de pruebas o garantizar el éxito de una investigación en curso.

El derecho de defensa se mantiene inalterable: La declaración de secreto no puede afectar al ejercicio del derecho de asistencia letrada del investigado, ni al acceso a las actuaciones una vez levantado el secreto.

COORDINACIÓN LEGISLATIVA

La LECSA se aplica en coordinación con:

• El Código Penal de San Andreas
• La Ley 2025/4578 (Ley Reguladora de Derechos Fundamentales del Ciudadano)
• La Ley 2025/8001 (Ley de Organización y Régimen de las Fuerzas del Orden)
• Cualquier otra normativa procesal vigente

PERÍODO DE ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Se establece un período de adaptación de 15 días desde la publicación para que las San Andreas State Forces y todos los departamentos judiciales implementen los sistemas, protocolos y formularios necesarios.

Durante este período se realizarán:

• Sesiones de formación intensiva para agentes y funcionarios judiciales
• Implementación de sistemas de registro digital de sanciones en flagrancia
• Habilitación de canales oficiales para presentación de recursos y denuncias liberatorias
• Desarrollo de protocolos de actuación conforme a la nueva ley
• Campaña de difusión informativa a la ciudadanía

El Departamento de Seguridad, Interior y Justicia, en coordinación con el SASF y el Poder Judicial, desarrollará reglamentariamente los formularios y procedimientos administrativos necesarios.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Los funcionarios que incumplan las disposiciones de esta ley podrán ser sancionados conforme al régimen disciplinario establecido en la Ley 2025/8001 (Ley de Organización y Régimen de las Fuerzas del Orden).

ENTRADA EN VIGOR Y DEROGACIONES

La presente ley entrará en vigor el 10 de noviembre de 2025, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de San Andreas.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta ley.

PALABRAS FINALES DEL GOBERNADOR

En su discurso de clausura, el Gobernador John Harrison ha declarado:

"Con esta ley, San Andreas se sitúa a la vanguardia de la justicia penal en América. Hemos demostrado que es posible combinar eficacia con garantías, rapidez con justicia, y orden con libertad. Pero una ley, por buena que sea, es solo papel si no se aplica con vocación de servicio. Confío plenamente en nuestros jueces, fiscales, abogados y fuerzas de seguridad para hacer de esta norma una realidad viva que proteja a los inocentes, castigue a los culpables, y dignifique a las víctimas. El futuro de la justicia en San Andreas comienza mañana."